Según Idescat (2008), el 35% de los catalanes se identifica como catalanoparlante, un 45% castellanoparlante y un 11% como bilingüe (se identifica como hablante indistinto de ambas lenguas). La cuarta lengua de Cataluña es el árabe, con casi un 2%. A pesar de ser el castellanoparlante el colectivo mayoritario, en Cataluña tras 30 años de inmersión lingüística, no llegan a 20 por curso los casos de familias castellanoparlantes que reclaman modelos alternativos de escolarización. 20 por curso. Probablemente, hay mucha más demanda de enseñanza pública del árabe en Cataluña que en castellano.En general, los castellanoparlantes consideran que aprender el catalán en la escuela es útil. Mejor dos que una. Otras cosa es que la docencia sea de tan baja calidad hoy en Catalunya (y España) que en realidad un porcentaje impresionante de escolares salen de la ESO como analfabetos funcionales (con independencia de su lengua materna).
Estamos, pues, ante un hecho sobre el que
parece existir un notable consenso social. ¿Es esto así?
En realidad no tanto. C’s aboga enfáticamente por
un modelo educativo más bilingüe, en tanto el PPC se mueve en una ambigüedad
tal que resulta difícil posicionarse (véase punto 60 del programa electoral). En cualquier caso, y a diferencia de
Baleares o Valencia, no existe en la sociedad catalana un debate crispado al
respecto. Se considera un éxito el modelo educativo implantado al menos en las dos finalidades de la ley de normalización:
En consecuencia, para Unionistes, la política de inmersión lingüística es un factor cohesionador positivo de la sociedad catalana y de la sociedad española, protege el catalán pero no en detrimento del castellano. Esto último es muy importante aunque olimpicamente despreciado por politicos españolistas, habitualmente madrileños y monolingües, que a estas alturas siguen empeñados en imponer el español como lengua vehicular de una patria basándose en:
Los dos primeros puntos son objetivamente falsos. Respecto al último punto, cabe destacar que si bien es totalmente cierta la existencia de ordenanzas (por ejemplo la obligatoriedad de rotulación en catalán de los espacios públicos) vergonzosamente lesivas para con los derechos lingüísticos de los ciudadanos, NO lo es en lo tocante a la educación, por cuanto el sistema educativo catalán ha desarrollado herramientas más que sobradas para que cualquier alumno pueda integrarse en un sistema vehicular catalán con independencia de su lengua materna y en igualdad de condiciones respecto a cualquier otro alumno. Esto es un hecho. Esto es un éxito.
- Facilitar la pervivencia del catalán como patrimonio idiomático
- Evitar que Cataluña se divida en comunidades separadas idiomáticamente, al estilo de lo que ocurre en Bélgica, y en lo cual Cataluña es un modelo incuestionable.
Desde algunos colectivos catalanistas (no solo independentistas) se preconiza la necesidad de un tercer objetivo, la consecución del catalán como lengua social mayoritaria en Cataluña. Este objetivo está fracasando. Socialmente (en la calle, en el día a día), el catalán no está sustituyendo al castellano, más bien es el castellano (y otra lenguas como el inglés o el árabe) el que lentamente gana terreno en cuanto a idioma social mayoritario. Este dato avala que la inmersión lingüística es un instrumento neutro en cuanto a la imposición social de una lengua en Cataluña; la inmersión lingüistica (y otras medidas) funciona al evitar la extinción del catalán y la generación de divisiones sociales basadas en lo lingüístico, no funciona como agente socializador de los lenguajes, pues ese rol pertenece a un campo políticamente inaccesible como son los flujos de comunicación en entornos globalizados.
Así, durante siglos, el latín* fue la lengua vehicular en la docencia. No obstante su uso social registró un declive tan imparable como lógico; fuera de la iglesia católica, no existían mecanismos lingüísticos (básicamente, necesidad real entre la masa de intercambio informativo plurilingúe) para su estandarización como lengua sustitutiva de los dialectos utilizados en los niveles coloquiales (vernáculos).
En consecuencia, para Unionistes, la política de inmersión lingüística es un factor cohesionador positivo de la sociedad catalana y de la sociedad española, protege el catalán pero no en detrimento del castellano. Esto último es muy importante aunque olimpicamente despreciado por politicos españolistas, habitualmente madrileños y monolingües, que a estas alturas siguen empeñados en imponer el español como lengua vehicular de una patria basándose en:
- La existencia de un conflicto lingüístico
- Desconocimiento del castellano en la enseñanza pública
- Una vulneración de derechos de los castellanoparlantes en Cataluña
Los dos primeros puntos son objetivamente falsos. Respecto al último punto, cabe destacar que si bien es totalmente cierta la existencia de ordenanzas (por ejemplo la obligatoriedad de rotulación en catalán de los espacios públicos) vergonzosamente lesivas para con los derechos lingüísticos de los ciudadanos, NO lo es en lo tocante a la educación, por cuanto el sistema educativo catalán ha desarrollado herramientas más que sobradas para que cualquier alumno pueda integrarse en un sistema vehicular catalán con independencia de su lengua materna y en igualdad de condiciones respecto a cualquier otro alumno. Esto es un hecho. Esto es un éxito.
Judicialmente tampoco están claras las competencias ministeriales de Madrid en lo tocante a la enseñanza en Cataluña.. En 2012 el TSJC ratificaba la legalidad del actual modelo en tanto el Constitucional apelaba a la necesidad de proteger mejor los derechos de los castellanoparlantes. La Constitución reconoce como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma (Art. 147) la enseñanza de la lengua de esa comunidad.
Donde lo tienen bastante claro es en cierta prensa madrileña de las cuales Wert se ha eregido en ariete. Imbuidos de una doctrina madrileña monolingüe, absolutamente acientífica, no dejan de atacar la lengua catalana (defendiendo con la boca pequeña "su gran amor" a la diversidad lingüística peninsular).
En primer lugar, hay que señalar que decisiones sobre en qué lengua hay que educar a los niños catalanes competen exclusivamente a los padres de esos niños, articulándose tales deseos en los mecanismos participativos establecidos por la ley. No es aceptable que un madrileño le diga a un padre catalán en qué lengua deben educarse los niños catalanes. La capacidad de maniobra de un madrileño se limita a velar por el mantenimiento de una unidad de contenidos de cara a la homologación de titulaciones. Los modos y maneras en que deba desplegarse ese objetivo son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, el daño político que se causa al unionismo.
Que el idioma no divida a los catalanes es positivo tanto para el unionismo como para el independentismo.Ningún independentista minimamente formado renuncia a las ventajas que entraña para sus hijos el dominio de una lengua con la proyección internacional del castellano. Ninguno. Por parecidos motivos, ningún unionista deja de considerar que un buen dominio del catalán facilita la inserción social y laboral de sus hijos en Cataluña. Excepción a lo dicho suponen fanáticos de una y otra causa que anteponen ideas mesiánicas a sus deberes paternos.Desde Unionistes nos parecen, como mínimo, padres insensatos acuciantemente precisados de asesoramiento pedagógico y, probablemente, psicológico..
Al imponerse desde Madrid y desde el desconocimiento de la realidad determinadas políticas lingüísticas, amén de invadir competencias constitucionalmente vedadas, se erosiona el principal factor de pertenencia de Cataluña a España, el interés mutuo. En efecto, si pertenecer a un país supone, abdicar del derecho (y del deber) de decidir en que lengua deben educarse los hijos, las ventajas de compartir un mismo marco soberano se diluyen. Este argumento no puede invertirse. La participación paterna está articulada a través de mecanismos que legal y democráticamente competen a los ciudadanos catalanes y solo catalanes, que por abrumadora mayoría han refrendado la validez del actual modelo de inmersión lingüística reiteradamente.
¿Son necesarios los retoques al amparo de alguna reciente resolución del Constitucional?
Es posible. La argumentación aquí vertida vale para la enseñanza pública, la pagada por el conjunto de los ciudadanos. Los padres que consideren mejor para sus hijos escolarizarles en lenguas vehiculares ajenas (inglés, español, francés), están en su pleno derecho siempre que garanticen que sus hijos desarrollarán los niveles mínimos de otras lenguas exigidos por los curriculos didácticos. En este sentido, hay una discriminación hacia el español, pues no está clara la posibilidad en Cataluña de escuelas privadas de lengua vehicular castellana, lo cual es evidentemente injusto. En cualquier caso, no se conocen proyectos educativos que vayan en esta dirección. Eso quiere decir que los padres catalanes no sienten, en una inmensa mayoría, que sus hijos tengan deficits formativos de lengua española.
Al ignorar todo lo anterior, el señor Wert está actuando como un verdadero analfabeto. Confunde su obligación de velar por la unidad de titulaciones con la injerencias en materia ideológica. Trata de imponer su (despreciable y casposa) ideología monolingüe a un grupo de ciudadanos legalmente desvinculado de las decisiones ministeriales en este aspecto.Irrumpe inoportunamente en un debate soberanista acumulando argumentos en favor de los partidarios de una independencia plena de Cataluña.
Como no es el primer error de este señor, Unionistes reclamamos su inmediato cese.
*Respecto al latín como lengua vehicular, es un simil. En la realidad no se pueden comparar situaciones didácticas tan distantes.
En primer lugar, hay que señalar que decisiones sobre en qué lengua hay que educar a los niños catalanes competen exclusivamente a los padres de esos niños, articulándose tales deseos en los mecanismos participativos establecidos por la ley. No es aceptable que un madrileño le diga a un padre catalán en qué lengua deben educarse los niños catalanes. La capacidad de maniobra de un madrileño se limita a velar por el mantenimiento de una unidad de contenidos de cara a la homologación de titulaciones. Los modos y maneras en que deba desplegarse ese objetivo son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, el daño político que se causa al unionismo.
Que el idioma no divida a los catalanes es positivo tanto para el unionismo como para el independentismo.Ningún independentista minimamente formado renuncia a las ventajas que entraña para sus hijos el dominio de una lengua con la proyección internacional del castellano. Ninguno. Por parecidos motivos, ningún unionista deja de considerar que un buen dominio del catalán facilita la inserción social y laboral de sus hijos en Cataluña. Excepción a lo dicho suponen fanáticos de una y otra causa que anteponen ideas mesiánicas a sus deberes paternos.Desde Unionistes nos parecen, como mínimo, padres insensatos acuciantemente precisados de asesoramiento pedagógico y, probablemente, psicológico..
Al imponerse desde Madrid y desde el desconocimiento de la realidad determinadas políticas lingüísticas, amén de invadir competencias constitucionalmente vedadas, se erosiona el principal factor de pertenencia de Cataluña a España, el interés mutuo. En efecto, si pertenecer a un país supone, abdicar del derecho (y del deber) de decidir en que lengua deben educarse los hijos, las ventajas de compartir un mismo marco soberano se diluyen. Este argumento no puede invertirse. La participación paterna está articulada a través de mecanismos que legal y democráticamente competen a los ciudadanos catalanes y solo catalanes, que por abrumadora mayoría han refrendado la validez del actual modelo de inmersión lingüística reiteradamente.
¿Son necesarios los retoques al amparo de alguna reciente resolución del Constitucional?
Es posible. La argumentación aquí vertida vale para la enseñanza pública, la pagada por el conjunto de los ciudadanos. Los padres que consideren mejor para sus hijos escolarizarles en lenguas vehiculares ajenas (inglés, español, francés), están en su pleno derecho siempre que garanticen que sus hijos desarrollarán los niveles mínimos de otras lenguas exigidos por los curriculos didácticos. En este sentido, hay una discriminación hacia el español, pues no está clara la posibilidad en Cataluña de escuelas privadas de lengua vehicular castellana, lo cual es evidentemente injusto. En cualquier caso, no se conocen proyectos educativos que vayan en esta dirección. Eso quiere decir que los padres catalanes no sienten, en una inmensa mayoría, que sus hijos tengan deficits formativos de lengua española.
Al ignorar todo lo anterior, el señor Wert está actuando como un verdadero analfabeto. Confunde su obligación de velar por la unidad de titulaciones con la injerencias en materia ideológica. Trata de imponer su (despreciable y casposa) ideología monolingüe a un grupo de ciudadanos legalmente desvinculado de las decisiones ministeriales en este aspecto.Irrumpe inoportunamente en un debate soberanista acumulando argumentos en favor de los partidarios de una independencia plena de Cataluña.
Como no es el primer error de este señor, Unionistes reclamamos su inmediato cese.
*Respecto al latín como lengua vehicular, es un simil. En la realidad no se pueden comparar situaciones didácticas tan distantes.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada